¿Pueden las empresas o el Estado “espiar” los e-mails de sus empleados?



Ésta es una de las tantas preguntas que muchos se hicieron, al enterarse por diferentes medios, en diciembre de 2010, de que el Ministro de Economía de la Nación habría creado, a través de una resolución, un sistema a través del cual tendría autorización para abrir archivos que los empleados del Ministerio tengan en sus computadoras, disponiendo el control de claves de acceso a Internet, y prohibiendo el uso de cuentas de correo personales.

El Fiscal Ricardo Sáenz en ese momento precisó que “el e-mail corporativo es todo un tema en el sector privado, y ésta disposición para un Ministerio del Poder Ejecutivo Nacional va a dar que hablar”, aclarando que el correo electrónico corporativo, es aquel proporcionado por la empresa o el Estado.

En cuanto al correo electrónico privado del empleado (Arnet, Yahoo, Hotmail, Gmail), el Fiscal expresó que su violación sin duda constituye un delito contra la privacidad, el cuál está normado en el artículo 153 del Código Penal, cuya pena de 15 días a 6 meses de prisión, agravándose dicha pena, si el delito es cometido por un funcionario público.

Por lo tanto, se ha llegado a la conclusión de que la empresa o el Estado pueden reservarse el derecho de “espiar”, siempre y cuando se haya debidamente enterado el empleado de esa política de privacidad, a través de una nota o reglamento interno firmado por todos los dependientes.

Con respecto a la posibilidad de abrir archivos que los trabajadores tuviesen en sus computadoras, el Fiscal sostuvo que es un acto ilegal, indicando que “no se puede hacer cualquier cosa, si bien son herramientas proporcionadas por el Estado. El empleado tiene una legítima expectativa de privacidad sobre, por ejemplo, las fotos familiares que pueda almacenar en su PC”.

Con respecto a la política de confidencialidad debe ser clara y precisa, y en caso de notarse un uso indebido del correo electrónico, deberá imponerse la sanción correspondiente, teniendo en cuenta la reiteración del acto, antecedentes del trabajador, y la gravedad del hecho, conllevando a una ofensa o injuria laboral, habilitando el despido del empleado. En este sentido, las empresas tienen la obligación de controlar lo que hacen los dependientes, siempre y cuando se respeten los principios de la razonabilidad, debiendo prevalecer la privacidad del trabajador.

Extraido de iprofesional.com

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