La importancia de blanquear la relación laboral antes del despido.



La Justicia mendocina condenó a una empresa a que abone un resarcimiento agravado, porque la misma,  registró correctamente la relación laboral recién después de haber despedido al trabajador. 

Esta sentencia resultó una advertencia a los empleadores ya que deben dar de alta el vínculo laboral ni bien toman a un empleado, o por circunstancias excepcionales, durante la vigencia de la relación de trabajo, y no después de haber finalizado dicho vínculo.

El empleado ingresó a trabajar como mozo en un hotel, en septiembre de 2003. En mayo de 2004, como la empresa no le asignaba tareas, el trabajador la intimó para que aclare su situación laboral, por registración, diferencias salariales y horas extras. En caso de falta de respuesta, iba a entender que la empresa lo despedía sin causa. A los pocos días, el empleado se consideró despedido, solicitando una indemnización por tal despido sin causa, el incremento de la ley 25.323 por registración incorrecta y la multa del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo, por falta de entrega de los certificados laborales. 

El hotel, si bien reconoció la existencia de la relación laboral, manifestó que en los meses de septiembre y octubre de 2003, el reclamante realizaba tareas de refuerzo, no desempeñándose de modo permanente, afirmando que recién en diciembre, el mozo comenzó a trabajar tiempo completo, fecha en la cuál se le dio de alta en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la que luego del despido fue modificada, de acuerdo con la solicitud del trabajador.

En relación al hecho, la Cámara laboral ratificó el fallo de primera instancia, argumentando que “el artículo 1 de la ley 25.323 dispone un incremento indemnizatorio para el caso de que, al momento del despido, una relación laboral no esté registrada o lo esté de manera deficiente”; remarcando que dicha clandestinidad priva al trabajador de los beneficios sociales respectivos, provocando perjuicios a las obras sociales, sindicatos, y al régimen tributario en general. 

Los Magistrados destacaron que son dos los requisitos a lo que se supedita el incremento previsto en la norma: la mora por parte del empleador en el cumplimiento de sus obligaciones, que da lugar al inicio de acciones legales y la intimación al pago por parte del empleado. Los jueces indicaron que se dieron todos los hechos para que procediera la multa, porque si bien la relación laboral fue registrada, y luego rectificada con la correcta fecha de ingreso, esto ocurrió con posterioridad a la fecha en que se realizó el despido.

Por lo tanto, según los Magistrados, en este caso, se configuró el incumplimiento por parte del empleador, que al tiempo de la extinción de la relación laboral, no ingresó los aportes del trabajador a los organismos correspondientes, y la intimación fehaciente del empleado, para que, en el término de 30 días corridos, la empresa regularice su situación laboral, ingresando los aportes retenidos, sus intereses y multas a los organismos de seguridad social y sindicales respectivos, pero no se verificó el cumplimiento de los recaudos de procedencia de la indemnización ya que el emplazamiento de la entrega de certificación de servicios y remuneraciones lo efectúa el trabajador por el término de 48 horas, cuando debió esperar 30 días desde el cese del vínculo laboral.

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