Los juicios laborales se incrementaron en un 50%



En una nota efectuada por iProfesional.com, el Juez Julio Grisolía dio datos precisos sobre el funcionamiento de la Justicia del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires.
Afirmó que los juicios laborales no son rápidos. Si se toma en cuenta todo el país, en promedio, tardan tres años en resolverse.

En el último año, la litigiosidad se incrementó un 50% en la Justicia Nacional del Trabajo debido a que ingresan aproximadamente 5.000 causas por mes, el doble de hace tres años.

Sin embargo, aunque la demora en el cobro del reclamo evidentemente perjudica al trabajador, lo cierto es que, en la actualidad, las empresas tampoco están conformes.

De hecho, ante un litigio, suelen afirmar que el monto final de resarcimiento, que tendrán que pagar a un empleado despedido, resulta difícil de estimar y hasta señalan que mucho depende del criterio de los magistrados. En este sentido, aseguran que la Justicia tiende a considerar en las liquidaciones finales multas, beneficios no remunerativos y otros conceptos que amplían el importe de la condena.

Además, consideró que la indemnización por despido “no es alta”, pero que es “adecuada a la antigüedad y al salario del trabajador”.

Por otra parte, aclaró que “la práctica lleva a que se paguen muchos rubros -no sólo el de antigüedad- porque los que se abonan están previstos en la ley para incumplimientos adicionales del empleador”.La mayoría de los juicios son por montos que van de los $20.000 a $30.000, con indemnizaciones tarifadas preestablecidas.



Los topes de la liquidación final


Una cuestión clave es la que establece el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que indica que la base del cálculo para determinar la indemnización por antigüedad “no podrá exceder el equivalente de 3 veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad”.

Sobre ese punto, el reconocido juez indicó que “antes, el tope tenía mayor relevancia porque los salarios eran muy bajos y se plantearon muchos pedidos de inconstitucionalidad”.

En el año 2004, la Corte Suprema se expidió en el caso “Vizotti” e impidió reducir más de un 33% la mejor remuneración mensual normal y habitual utilizada como base.

“Ahora el tope se aplica para casos contados porque hay pocos trabajadores que tienen una remuneración cercana promedio a los $13.000”, destacó el juez.

En tanto, con respecto a una iniciativa presentada en el Congreso por el diputado Héctor Recalde, que pretende derogar dicho límite, planteó que, bajo este marco, “el proyecto no tendría un alto impacto desde el punto de vista del costo laboral".


Incumplimiento cultural

El juez también sostuvo que “en la Argentina, no se cumplen adecuadamente las normas laborales, por imposibilidad o por cultura del incumplimiento”.

Es en parte por esta razón que existen las indemnizaciones, porque "sancionan el acto antisocial de despedir sin causa", indicó. Asimismo, la LCT establece el preaviso, justamente para no dejar desprotegido al empleado a quien no se le avisa con determinada antelación que va a ser desvinculado de la compañía. También la integración del mes de despido, que sirve para terminar de completar el monto que se dejó de cobrar hasta terminar el mes en que ocurrió la cesantía.

Al respecto, Grisolía aseveró que "un empleador que cumple con la ley tiene la posibilidad de romper el contrato pagando los sueldos multiplicados por los años trabajados". Es decir, si comunica la situación con antelación no debería tener que abonar el preaviso.

E incluso, avanzó en su análisis y precisó que “puede ocurrir, por ejemplo, que la empresa tema que el trabajador despedido acuse una enfermedad y que se suspensa el plazo del preaviso, y esto lleva a que el contrato, en vez de extinguirse al mes, lo haga al año”.

Vale tener presente, en este contexto, que el artículo 245 también sirve de base para multiplicar las multas indemnizatorias previstas por el artículo 15 de la Ley 24.013 y en el artículo 1º de la Ley 25.323 y también calcular los montos resarcitorios en aquellas formas de extinción de contratos que no sean despidos.


Cambios normativos

Con respecto a los recientes cambios legislativos, el magistrado se mostró de acuerdo con ellos y afirmó que “la perspectiva es que cada vez las normas sean más protectorias del trabajador”.

Luego remarcó que “eso no debe ser preocupante para los empresarios”.

En materia laboral, con relación al empleo decente, la Argentina asumió desde el 2004 un camino que busca volver a la protección de los empleados. En este marco, sostuvo que “el derecho del trabajo debe ser protectorio porque debe compensar desigualdades y lo que se podrá discutir es la intensidad”.

“En realidad, lo que debe preocupar es si no hay una política laboral coherente, que sufra cambios constantes, porque el problema es no tener reglas de juego claras, como pasó en los `90”, reflexionó.

Grisolía explicó que, en los últimos tiempos, la situación se reencauzó y estimó que “la legislación debe ser previsible de acá a 20 años para saber si invertir y saber cuánto cuesta indemnizar”.

Por otra parte, el juez señaló que la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) comenzó perjudicando a los trabajadores –violando derechos elementales- "y ahora a los empleadores, porque abonan un seguro, que nos les sirve para nada porque después sus empleados les reclaman y, al final, terminan pagando por la vía civil donde no tienen cobertura”.

“Hay que evitar cometer los mismos errores”, remarcó el juez y agregó que “desde el año 2004, la Justicia pone las cosas en su lugar sobre cómo interpretar la normativa laboral en general”.

“Los jueces sólo aplican las normas laborales que tienen dispositivos protectorios”, concluyó Grisolía.

Extractado de © iProfesional.com

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