Extraviaron su expediente judicial y el Estado tuvo que indemnizarlo.



El dueño de un auto había iniciado un juicio por daños y perjuicios contra el mecánico a quien le había entregado el vehículo, por no haberle sido devuelto.

Ese expediente judicial tramitaba como "reservado", esto es que a pesar de que las causas son públicas (pueden ser consultadas por cualquier persona, salvo en casos penales y de familia), en este caso el expediente estaba "en custodia" y solamente podía ser consultado por las partes, lo cual significa que el Juzgado (léase el Estado) asume un mayor compromiso de custodia.

A pesar de lo expuesto, el expediente fue extraviado, tornándose imposible su resolución. 

Esto impulsó al actor a iniciar acciones legales por daños y perjuicios contra el estado nacional por la pérdida del expediente.

Le reclamó entonces al Estado Nacional el valor del automotor, la privación de su uso y el daño moral, pero el Juez de Primera Instancia entendió que el Estado no era responsable por estos rubros sino sólo por el funcionamiento irregular del servicio de justicia, ya que la pérdida del expediente solamente significó para este señor la pérdida de la chance de lograr una sentencia favorable. Fijó entonces una indemnización de tan solo $300.

El actor apeló esta sentencia argumentando que para fijar la indemnización debía haberse tenido en cuenta los montos reclamados en la demanda del expediente extraviado y que no se había contemplado su reclamo por daño moral.

La Cámara de Apelaciones al revisar al caso entendió que " quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que cause su incumplimiento o ejecución irregular.

Entendió, además, coincidiendo con el Juez de Primera Instancia, que no correspondía atender a los rubros reclamados en el expediente extraviado, porque no se podía asegurar que si este hubiera sido resuelto normalmente, hubiera tenido una resolución favorable.

Con relación al daño moral, la Cámara entendió que la pérdida de un expediente judicial es un hecho grave, que sin duda tiene entidad para lesionar las afecciones legítimas de quien busca justicia y que este hecho tiene un impacto en la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado, en este caso las que tienen a su cargo la prestación del servicio de justicia y esa pérdida de confianza debe resarcirse.

Basados en esto, los jueces reconocieron finalmente una indemnización de $3000 en concepto de "pérdida de la chance" y $1000 en concepto de daño moral.


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